Desde 1999 se dio un impulso al desarrollo de normativas para establecer el marco legal relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El establecimiento de un marco legal actualizado y claro apoya la modernización del Estado y el desarrollo del gobierno electrónico ya que regula e incentiva el desarrollo de la plataforma tecnológica nacional, la formación de los funcionarios y de los ciudadanos en el uso de las TIC, la adopción de lineamientos para el desarrollo de plataformas de servicios, productos, información e interacción entre el Estado, las instituciones, las organizaciones y los ciudadanos.
La meta es establecer un marco legal actualizado dirigido a promover un entorno favorable al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, asegurando a su vez el cumplimiento de preceptos legales ya establecidos y de elementos de interés público como “la intimidad y privacidad de las comunicaciones, la autenticidad, el comercio electrónico, los derechos de
propiedad intelectual, la protección de los datos personales, la prevención del delito electrónico, la protección del consumidor y la seguridad nacional, entre otros.” (Pagés, 2005).
Crear este marco regulatorio no es una tarea sencilla, ya que deben crearse o modernizarse leyes, normas y regulaciones que equilibren aspectos hasta cierto punto contrapuestos, por ejemplo, derechos asociados a la libertad de la información, derechos asociados a la privacidad y a la protección de la información, con deberes asociados a la soberanía nacional. La legislación que
se establezca debe responder a las necesidades y estrategias propias de Venezuela, pero sin descuidar el marco legal internacional vigente. Es necesario desarrollar una legislación en donde se involucren a actores muy diversos, en lugar de favorecer prácticas segregacionistas, el Estado y sus instituciones, empresas transnacionales, medianas, pequeñas, cooperativas e iniciativas ndividuales, los ciudadanos y comunidades con fácil acceso a las TIC y los que no lo tienen.
El establecimiento de un marco legal actualizado y claro apoya la modernización del Estado y el desarrollo del gobierno electrónico ya que regula e incentiva el desarrollo de la plataforma tecnológica nacional, la formación de los funcionarios y de los ciudadanos en el uso de las TIC, la adopción de lineamientos para el desarrollo de plataformas de servicios, productos, información e interacción entre el Estado, las instituciones, las organizaciones y los ciudadanos.
La meta es establecer un marco legal actualizado dirigido a promover un entorno favorable al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, asegurando a su vez el cumplimiento de preceptos legales ya establecidos y de elementos de interés público como “la intimidad y privacidad de las comunicaciones, la autenticidad, el comercio electrónico, los derechos de
propiedad intelectual, la protección de los datos personales, la prevención del delito electrónico, la protección del consumidor y la seguridad nacional, entre otros.” (Pagés, 2005).
Crear este marco regulatorio no es una tarea sencilla, ya que deben crearse o modernizarse leyes, normas y regulaciones que equilibren aspectos hasta cierto punto contrapuestos, por ejemplo, derechos asociados a la libertad de la información, derechos asociados a la privacidad y a la protección de la información, con deberes asociados a la soberanía nacional. La legislación que
se establezca debe responder a las necesidades y estrategias propias de Venezuela, pero sin descuidar el marco legal internacional vigente. Es necesario desarrollar una legislación en donde se involucren a actores muy diversos, en lugar de favorecer prácticas segregacionistas, el Estado y sus instituciones, empresas transnacionales, medianas, pequeñas, cooperativas e iniciativas ndividuales, los ciudadanos y comunidades con fácil acceso a las TIC y los que no lo tienen.
Leyes, Decretos y Normativas.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
- Ley Especial Contra los Delitos Informaticos
- Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones
- Decreto 825
- Decreto No 3.390, Uso Prioritario de Software Libre
- Decreto No 2.479, Junio 2003, referencia web
- Cualquier otro que la comisión considere necesario.
